La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, denunció el uso del aparato del Estado y de recursos públicos para la organización del mitin dominical en el Monumento a la Revolución, acusando una estrategia gubernamental orientada a encubrir redes de delincuencia organizada. La legisladora de Acción Nacional sostuvo que el presupuesto de la federación y la infraestructura de los gobiernos locales se alinearon para financiar un evento partidista que careció de la validación del Congreso de la Unión.
La fiscalización de los asistentistas al evento encendió alarmas institucionales tras confirmarse la presencia de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las primeras filas del mitin oficialista. Para López Rabadán, este acompañamiento físico de los jueces constitucionales rompe el principio republicano de la división de poderes, subordinando de forma simbólica al tribunal más alto del país ante las directrices del Poder Ejecutivo, lo que anula las garantías de neutralidad frente a futuras controversias.
López Rabadán defendió la legalidad de su propia asistencia a reuniones de organización del PAN en Chihuahua, argumentando que su condición de militante le permite ejercer derechos políticos, a diferencia de los integrantes de la SCJN, quienes están obligados por ley a la neutralidad. La diputada equiparó los ataques institucionales contra la gobernadora Maru Campos con una campaña de persecución selectiva diseñada para debilitar a los gobiernos estatales que no se alinean con la estrategia de seguridad federal.
El análisis presupuestal de la bancada de oposición cuestionó el financiamiento de los traslados masivos desde diversas entidades de la República hacia la Ciudad de México. La presidencia de la Mesa Directiva adelantó que se revisarán los informes de gastos de los comités organizadores para verificar si existió desvío de partidas destinadas a programas sociales, señalando que la opacidad en el costo total del mitin vulnera las leyes federales de transparencia y rendición de cuentas.
La omisión en la ratificación del juicio político contra Maru Campos fue calificada por la líder parlamentaria como una prueba del uso faccioso de las herramientas del Congreso para generar narrativas de desprestigio. Al vencerse el plazo de tres días sin la comparecencia de los denunciantes, el expediente quedó sin materia jurídica, lo que a decir de la legisladora demuestra que la acusación original se sustentaba en motivaciones electorales y no en faltas administrativas reales.
La postura de la Cámara de Diputados frente a las negociaciones del tratado comercial trilateral (T-MEC) enfatiza la necesidad de mantener canales diplomáticos técnicos que eviten la confrontación ideológica con Washington. López Rabadán alertó que la retórica gubernamental debilita la posición de los negociadores mexicanos en las mesas técnicas, poniendo en riesgo la estabilidad del mercado de exportación que representa el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto nacional.
La investigación sobre las inasistencias en el Senado de la República se mantendrá bajo el escrutinio de las comisiones de control interno. La Mesa Directiva confirmó que no se tolerarán privilegios ni omisiones en el registro de las faltas de los legisladores, asegurando que la aplicación de los descuentos salariales correspondientes es una obligación administrativa indispensable para combatir el ausentismo y garantizar el uso eficiente de los recursos del erario.
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