Kenia López Rabadán denuncia uso de recursos para listas de la Consejería

La utilización de presupuestos e infraestructura gubernamental para la elaboración de padrones que catalogan a 120 ciudadanos, comunicadores y legisladores críticos fue calificada como una muestra de autoritarismo por parte de la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien demandó transparencia en las decisiones de la Consejería Jurídica.

La titular de la mesa directiva en San Lázaro cuestionó el proceder del órgano de asesoría legal del Ejecutivo, señalando que la catalogación de opositores y reporteros sobrepasa los márgenes de auditoría permitidos a las dependencias públicas e instrumenta un mecanismo de estigmatización financiado con recursos del erario.

López Rabadán enfatizó que la rendición de cuentas exige un trato institucional de respeto entre las cabezas de los poderes públicos, señalando que la inclusión de su nombre y el de periodistas independientes en la boleta de vigilancia gubernamental expone la inclinación de las autoridades por priorizar el control ideológico sobre el rigor jurídico.

En relación a la revocación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán, la diputada sostuvo que el Departamento de Estado opera bajo un catálogo estricto de fiscalización para determinar a qué personas permite el ingreso a su territorio, incluyendo causales ligadas a delitos graves o riesgos a la seguridad pública.

La representante del recinto legislativo remarcó que las autoridades estadounidenses deben aportar certidumbre y transparencia sobre los supuestos en los que encuadró el caso del hijo del exmandatario, con el fin de clarificar si la resolución migratoria involucra investigaciones por presuntos vínculos con grupos fuera de la ley.

Sobre el proceso de desafuero pendiente contra la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional en la persona del legislador Alejandro Moreno, López Rabadán advirtió la existencia de una doble vara en la aplicación de los instrumentos del Estado, donde se acelera la persecución a opositores mientras se pasa por alto a figuras afines al grupo en el poder.

La presidenta parlamentaria subrayó que la ley pierde su función de garantía democrática cuando es manipulada con nombres y apellidos, instando a las comisiones de la Cámara a conducirse bajo el principio de neutralidad jurídica y evitar que el juicio de procedencia se convierta en una herramienta de coacción política.