Joaquín Guzmán Loera, recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, remitió este 26 de mayo su undécima comunicación formal al tribunal federal del Distrito Este de Nueva York. El escrito, fechado el 15 de mayo, sostiene que los plazos de prescripción tanto de su apelación como de su extradición han sido vulnerados, solicitando una revisión bajo el argumento de estar sujeto a las leyes estadounidenses desde su entrega en 2017.
El procesado insiste en que su estancia en prisión desde 2019 cumple con los criterios para una reapertura del juicio. Guzmán afirma que su condición de ciudadano extranjero requiere una aplicación distinta de la política federal, apelando a su Declaración de Derechos para forzar una audiencia ante las autoridades judiciales de Brooklyn.
Desde el 17 de abril, el sentenciado ha mantenido una correspondencia constante con diversas autoridades, incluyendo jueces, el alcalde de Brooklyn y el Secretario de Estado, Marco Rubio. Hasta la fecha, el juez Brian Cogan ha desestimado cada petición, calificando las solicitudes de repatriación y nulidad de sentencia como carentes de fundamento jurídico.
El proceso legal que culminó en 2019 sentenció al capo a cadena perpetua. A pesar de los rechazos judiciales, Guzmán Loera sostiene en sus misivas que las decisiones del tribunal han sido influenciadas por presiones «político-judiciales». El sistema judicial estadounidense mantiene su postura de no reconocer validez legal a los argumentos presentados por el interno en esta serie de comunicaciones.
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