Kenia López Rabadán exige auditoría energética y vigilancia presupuestal por fracking

Por Juan Pablo Ojeda

En un movimiento que confronta de manera directa las políticas presupuestales y la planificación energética del Ejecutivo Federal, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, demandó abrir el debate técnico sobre el fracking en México. La postura de la legisladora busca auditar la viabilidad de la extracción no convencional para asegurar la independencia energética de la nación, bajo la condición ineludible de instaurar candados legislativos que garanticen la mitigación del riesgo ambiental.

Durante un encuentro con medios en el Palacio Legislativo de San Lázaro, López Rabadán sostuvo que el país no puede postergar decisiones de infraestructura energética estratégica mientras mantenga una alta dependencia de las importaciones de gas y petrolíferos extranjeros. No obstante, advirtió que la apertura a la fracturación hidráulica solo será factible si los organismos de supervisión ambiental imponen un régimen de rendición de cuentas estricto a los operadores públicos y privados que ejecuten las obras.

La fiscalización de la soberanía energética fue solo uno de los frentes abordados por la presidenta del recinto legislativo. Al evaluar la conducta de los titulares de las dependencias federales, López Rabadán puso bajo la lupa el uso publicitario de los programas de subsidios educativos. La controversia surgió tras la difusión de materiales promocionales por parte del titular de la Secretaría de Educación Pública en torno a la Beca Rita Cetina, donde se atribuye la concesión del beneficio a la figura presidencial.

López Rabadán fue enfática al calificar dicha acción como una vulneración flagrante al artículo 134 constitucional. La norma prohíbe explícitamente la inclusión de nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público en la propaganda institucional financiada con erario federal, estatal o municipal. La legisladora recordó que los ingresos fiscales corresponden a los contribuyentes y no al patrimonio de las administraciones en turno.

El señalamiento apunta a la necesidad de activar los mecanismos institucionales de fiscalización para evitar que los padrones de beneficiarios sociales sean instrumentalizados como plataformas de precampaña electoral. Para la lideresa parlamentaria, la utilización de recursos públicos con fines proselitistas erosiona el principio de imparcialidad y vulnera la equidad del sistema democrático.

Frente a esta coyuntura, la Presidencia de la Mesa Directiva formuló un emplazamiento formal a todo el aparato burocrático federal para ceñirse al marco constitucional. La exigencia demanda erradicar el uso del gasto social como herramienta de posicionamiento político y encauzar el desempeño ministerial exclusivamente hacia la consecución de objetivos institucionales medibles y transparentes.

El balance entre la viabilidad de la explotación energética mediante fracking y la integridad en el manejo del presupuesto público sitúa a la Cámara de Diputados como el centro de fiscalización del poder político. López Rabadán reiteró que la fiscalización sobre el dinero de los contribuyentes y el cumplimiento estricto de la ley constituyen principios inflexibles para la conducción del Estado mexicano.